Siguiendo con el plan del Gobierno para enfrentar la corrupción, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que en la primera semana de noviembre será radicado en el Congreso un proyecto de ley que tiene como fin proteger a las personas que denuncien actos de corrupción.

Se trata de un trabajo conjunto articulado con la Secretaría de Transparencia de la República, y varios senadores, dijo Osuna.

"Rodear a la persona que cumple con su deber ciudadano de denunciar un acto de corrupción, proteger su identidad, su vida, su libertad, su trabajo, de tal manera que no vaya a sufrir ninguna represalia por haber denunciado, por el contrario, que el Estado se vuelque a garantizar sus derechos", explicó el jefe de la cartera. 

La iniciativa tiene también por objeto "establecer normas, procedimientos y mecanismos para facilitar e incentivar la denuncia por presuntos actos y/o hechos de corrupción y proteger a los reportantes y denunciantes frente a posibles retaliaciones que puedan poner en peligro la seguridad física, estabilidad profesional o laboral, económica o psicosocial".

Del mismo modo, se debe proteger el núcleo familiar principalmente los derechos a la vida, integridad personal, libre desarrollo de la personalidad y dignidad personal.

Todo en encaminado a qué esta iniciativa se constituya como la principal herramienta contra el miedo a denunciar hechos corruptos en Colombia.

El jefe de la cartera de Justicia resaltó que el Estado debe intervenir de forma integral para proteger a los ciudadanos que cumplen con su deber cívico y que estos se sientan respaldados y seguros a la hora de reportar, denunciar o delatar actos de corrupción.

El proyecto, que cuenta con 78 hojas explicativas y argumentativas, contempla que "un sujeto de protección especial, debido a la relevancia de su labor de denuncia, son los periodistas de investigación que develan prácticas corruptas".

Cabe mencionar que el proyecto tiene como estándares esenciales: el manejo de información que garantice la confidencialidad y la reserva, que contemple la opción de denuncias anónimas a través de canales de seguros, protección al denunciante y con sanciones claras para el denunciante de mala fe, medidas de protección y prevención de represalias e indemnización por daños y perjuicios cuando se acredite el daño por ocasión de la denuncia.